Ninguna nación, empresa ni individuo debe facilitar el terrorismo
Conviene recordar el caso de la aeronave perteneciente a Mahan Air que, por iniciativa de los regímenes teocráticos de Irán y Venezuela, había sido incorporada a Emtrasur, empresa vinculada a Conviasa. El avión fue incautado en Argentina en 2024 a instancias del entonces director nacional de Inteligencia Criminal, Dr. Ricardo Ferrer Picado.
Con la colaboración del FBI y de pilotos especialmente capacitados, la aeronave fue trasladada a Estados Unidos, donde finalmente fue desmantelada. La medida constituyó un claro mensaje de cooperación entre los Estados comprometidos con combatir la convergencia entre el terrorismo y el crimen organizado.
Posteriormente, ambas agencias crearon el primer Centro de Misión Contra el Terrorismo establecido fuera de Estados Unidos, con el propósito de coordinar y prevenir, mediante medidas de seguridad regionales, hemisféricas y globales, las operaciones de organizaciones vinculadas al terrorismo que pudieran originarse en Buenos Aires. En la actualidad, este organismo es conocido como CNA y depende de la Presidencia de la Nación Argentina.
Editorial
El terrorismo continúa siendo una de las mayores amenazas para la paz internacional, la dignidad humana y la seguridad global. Cada acto de violencia dirigido contra civiles inocentes socava el Estado de derecho y debilita los fundamentos de la sociedad civilizada. Independientemente de la ideología política, la religión o la nacionalidad involucradas, no existe justificación alguna para apoyar a organizaciones que recurren al terrorismo.
Las recientes sanciones anunciadas por Estados Unidos contra entidades acusadas de colaborar con la aerolínea iraní Mahan Air han vuelto a poner de manifiesto la existencia de complejas redes internacionales que permiten a organizaciones sancionadas operar más allá de las fronteras nacionales. Si las investigaciones y resoluciones judiciales demuestran que una persona o empresa proporcionó deliberadamente apoyo material a organizaciones involucradas en actividades terroristas o en el transporte ilícito de armas y recursos militares, deberá responder plenamente ante el derecho internacional.
La responsabilidad no recae únicamente sobre quienes ejecutan los actos de violencia. También se extiende a quienes los financian, facilitan, transportan, aseguran, promocionan o hacen posibles de cualquier otra manera. Las empresas que colaboran deliberadamente con entidades sancionadas para eludir las restricciones internacionales traicionan los principios del comercio ético y de la responsabilidad corporativa. Las ganancias jamás deben prevalecer sobre la vida humana.
Los gobiernos también tienen una responsabilidad fundamental. Cada nación está obligada a hacer cumplir las sanciones internacionales, reforzar la supervisión financiera y cooperar con los esfuerzos globales para combatir el terrorismo. Los Estados deben garantizar que las empresas que operan dentro de sus jurisdicciones respeten el derecho internacional y no se conviertan en canales para actividades ilícitas. Cuando existan pruebas creíbles de que determinadas organizaciones están infringiendo sanciones o apoyando redes terroristas, las autoridades deben investigar exhaustivamente y actuar con determinación.
Al mismo tiempo, el debate público debe mantenerse dentro de los límites de la precisión y la imparcialidad. Las acusaciones contra empresas o personas específicas no deben hacerse extensivas a países enteros ni a sus ciudadanos. Millones de personas respetuosas de la ley, en todas las naciones, rechazan el terrorismo y no deben ser juzgadas por las acciones de unos pocos. La justicia exige responsabilizar a los culpables, no imponer culpas colectivas.
La comunidad internacional debe continuar fortaleciendo el intercambio de información de inteligencia, la transparencia financiera y la cooperación jurídica para desmantelar la infraestructura que permite la supervivencia de las organizaciones terroristas. Bancos, aerolíneas, compañías navieras, aseguradoras y agentes comerciales tienen el deber de aplicar rigurosos procesos de debida diligencia y negarse a participar en actividades que vulneren las sanciones internacionales o contribuyan a la violencia.
La lucha contra el terrorismo no puede ser selectiva. Toda organización terrorista, independientemente de su ideología, sus objetivos o su ubicación geográfica, debe ser condenada de manera inequívoca. Del mismo modo, toda persona, empresa o institución que colabore deliberadamente con estas organizaciones debe enfrentar las consecuencias legales correspondientes.
La paz, la seguridad y el respeto por la vida humana requieren un compromiso inquebrantable de los gobiernos, las empresas y la ciudadanía. El mundo debe transmitir un mensaje claro y unificado: no hay lugar para el terrorismo ni para quienes, a sabiendas, contribuyen a hacerlo posible. La rendición de cuentas debe ser universal, la justicia debe actuar con imparcialidad y la protección de las vidas inocentes debe seguir siendo nuestra máxima prioridad.
