La próxima masacre iraní se está desarrollando a plena vista
El régimen está reviviendo sus tácticas más oscuras y poniendo a prueba la voluntad del mundo para actuar.
Por Stephen J. Rapp 24 de julio de 2025
Como exfiscal internacional, me veo obligado a pronunciarme en contra de un patrón de crecientes violaciones de los derechos humanos en Irán, un patrón que evoca los capítulos más oscuros de la historia de ese país y exige una respuesta internacional sostenida. Lo que está en juego no es solo la justicia para las víctimas, sino también la credibilidad del mundo en la prevención de atrocidades masivas.
La República Islámica de Irán nunca ha dudado en usar la fuerza letal contra la disidencia. Un claro ejemplo ocurrió en 2019, cuando cientos de iraníes fueron abatidos a tiros por protestar por el alza de los precios del combustible. A pesar de la protesta internacional, ese derramamiento de sangre fue un preludio, no un clímax. Tres años después, la muerte de una joven, Mahsa Amini, a manos de la «policía de la moral» desató un levantamiento nacional. Esta vez, el régimen respondió con una brutalidad estratégica: más de 750 manifestantes muertos y unos 30.000 arrestados. Pero las ejecuciones, no los disparos, se convirtieron en el arma de represión a largo plazo del régimen.
En 2023, más de 850 personas fueron ejecutadas. En 2024, la cifra se acercó a 1.000. Este año, un relator especial de la ONU advirtió que Irán está a punto de superar esa cifra nuevamente. Al menos una docena de manifestantes del levantamiento de 2022 ya han sido ahorcados. Otros, acusados de delitos vagos como «enemistad contra Dios» (moharebeh), son condenados por afiliaciones con grupos de oposición. Estos asesinatos judiciales no son esporádicos. Son medidas calculadas para reprimir la disidencia y reafirmar el control tras dos levantamientos nacionales, así como la guerra más reciente con Israel.
La respuesta del régimen a su percibida vulnerabilidad tras ese conflicto se ha vuelto cada vez más agresiva. Si bien sus fracasos pueden atribuirse a la incompetencia y la penetración extranjera en sus servicios de seguridad, su furia se dirige contra los opositores políticos internos. Miles de iraníes están en peligro, ya que el parlamento ahora busca acelerar las sentencias de muerte en casos que involucran una supuesta colaboración con entidades extranjeras.
Si la trayectoria actual continúa, el número de ejecuciones en Irán para 2025 podría superar a cualquiera en la memoria moderna, excepto, quizás, el horror de 1988. Ese verano, aproximadamente 30.000 presos políticos fueron ejecutados sumariamente. Su único crimen fue «aferrarse a su creencia en una oposición democrática». Las comisiones de la muerte responsables de esas atrocidades ahora son elogiadas por su brutalidad.
Este mes, la agencia de noticias Fars, un portavoz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria, publicó un escalofriante editorial que anunciaba las comisiones de la muerte como una «experiencia histórica exitosa». A esto han seguido llamamientos a una renovada purga de disidentes políticos. Tres activistas presuntamente vinculados a los Muyahidines del Pueblo (Mujahedin-e-Khalq), una prominente organización disidente —Farshad Etemadi-Far, Masoud Jamei y Alireza Mardasi— fueron condenados a muerte en julio. El cargo: moharebeh, la misma justificación utilizada por el ayatolá Ruhollah Khomeini en 1988. Cientos de otros casos están pendientes.
En 1988, los activistas iraníes intentaron dar la alarma en toda la comunidad internacional mientras se sentaban las bases para las ejecuciones masivas. La mayoría de los funcionarios occidentales optaron por ignorar los llamados a la acción. El peligro que surge con las últimas ejecuciones y arrestos por motivos políticos no es solo que Irán perpetrará otra masacre, sino que el mundo repetirá su fracaso al permitir que suceda.
Hay que reconocer que algunos expertos y responsables políticos ya han comenzado a dar la alarma. El 4 de julio, 10 expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU denunciaron la represión que comenzó cuando estalló la guerra de 12 días el 13 de junio, señalando que la retórica de los medios estatales, incluidas las llamadas a la «vigilancia» y los «asesinatos», se hace eco de las justificaciones previas del régimen para las «atrocidades de 1988».
La impunidad engendra impunidad. Corresponde a las instituciones mundiales actuar ahora. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, debería usar su autoridad para lanzar una misión de investigación que le indicaría al régimen que sus asesinatos judiciales serían expuestos al mundo. Y los gobiernos democráticos de todo el mundo deberían imponer sanciones a los perpetradores de los abusos contra los derechos humanos de Irán y rebajar las relaciones diplomáticas con Irán hasta que ponga fin a sus intentos sistemáticos de matar a sus oponentes políticos.
No debemos hacernos ilusiones sobre lo que tales medidas podrán lograr a corto plazo. Irán ya estaba aislado antes de sus masacres de 1988 y, sin embargo, el régimen sobrevive hasta el día de hoy, bajo diversos grados de censura por sus bien documentados abusos contra los derechos humanos. Sin embargo, esto no es excusa para la inacción. Como alguien con experiencia en llevar a los criminales de guerra ante la justicia, sé que la rendición de cuentas es lenta pero nunca imposible. Los gobernantes de Irán pueden confiar en la impunidad hoy, pero con un esfuerzo internacional sostenido, mañana pueden enfrentar la justicia, ya sea ante sus propios ciudadanos o en un tribunal internacional que aún no se ha convocado.
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