El vacío estratégico que nadie quiere llenar
Dardo López-Dolz
06 de julio de 2026
América Latina atraviesa una reconfiguración geopolítica que exige Estados capaces de pensar la seguridad más allá del ciclo electoral. La competencia de potencias extra-regionales por influencia en minería, energía, puertos, telecomunicaciones e infraestructura crítica coincide con una sofisticación acelerada del crimen organizado transnacional, que ya no opera únicamente como delincuencia común, sino como un sistema económico, logístico y territorial con capacidad de adaptación, penetración institucional y proyección regional. En ese contexto, buena parte de los países latinoamericanos sigue gestionando su seguridad nacional como si se tratara de un problema exclusivamente doméstico, policial y coyuntural, cuando en realidad la seguridad contemporánea se ha convertido en un campo donde convergen política exterior, inteligencia, defensa, economía, crimen organizado, tecnología, control territorial y protección de activos estratégicos.
El Perú no es la excepción. El próximo gobierno hereda un aparato de seguridad e inteligencia que, durante la última década, ha funcionado más como una sucesión de administraciones de emergencia que como una arquitectura estatal orientada por una estrategia de mediano y largo plazo. Cada ministro entra a apagar la crisis del momento, cada gabinete anuncia prioridades urgentes y cada relevo político vuelve a instalar la sensación de que el país comienza desde cero. Esa lógica reactiva tiene un costo que rara vez se contabiliza: mientras el Estado peruano improvisa, otros actores sí planifican. Las economías criminales proyectan rutas, mercados, alianzas, mecanismos de protección y formas de lavado de activos; las redes vinculadas a la minería ilegal, el narcotráfico, la extorsión o el contrabando se adaptan con rapidez a los vacíos institucionales; y las potencias con intereses de largo plazo en la región observan, invierten y se posicionan en sectores sensibles con una continuidad que el Estado peruano no siempre logra sostener.
El problema, por tanto, no puede reducirse a la eficacia o ineficacia de un ministro en particular. La inestabilidad de los responsables políticos es un síntoma, no la enfermedad. En diez años, el país ha tenido veinte ministros del Interior, veintiún ministros de Defensa y once jefes de la DINI. Esa cifra no habla solamente de cambios de nombres; revela la ausencia de un diseño institucional capaz de proteger la continuidad estratégica frente al desgaste de la política cotidiana. Si cada autoridad llega con un diagnóstico propio, prioridades distintas, equipos nuevos y un margen de acción condicionado por la crisis inmediata, resulta prácticamente imposible construir una política nacional de seguridad coherente, evaluable y sostenida en el tiempo. La consecuencia es que el Estado responde tarde, fragmentado y bajo presión, mientras sus adversarios aprenden, acumulan experiencia y aprovechan la discontinuidad.
Esta debilidad institucional tiene efectos concretos sobre la vida de los ciudadanos. No se trata de una discusión abstracta sobre organigramas o modelos administrativos. Cuando el Estado carece de continuidad estratégica, la delincuencia, el sicariato, la extorsión y las economías ilegales encuentran espacio para crecer. El ciudadano que cierra temprano su negocio por miedo, el transportista que paga cupos, el comerciante amenazado, la familia que abandona un barrio tomado por bandas criminales o el empresario que posterga inversiones por inseguridad no sufren solamente la falta de patrullaje o de presencia policial; sufren, en el fondo, la ausencia de una conducción estatal capaz de integrar inteligencia, prevención, persecución penal, control territorial, política penitenciaria, defensa de fronteras y coordinación interinstitucional. La inseguridad cotidiana es la expresión visible de un vacío estratégico más profundo.
Los países que han logrado sostener políticas de seguridad más coherentes en el tiempo comparten un rasgo institucional poco discutido en el debate peruano: separan la conducción política inmediata, naturalmente expuesta al desgaste diario, de un núcleo estable de planeamiento estratégico que sobrevive a los cambios de gabinete. Washington lo resuelve a través del Consejo de Seguridad Nacional; Londres, con la figura del Consejero de Seguridad Nacional; y en América Latina, Brasil y Colombia han avanzado, con distintos grados de éxito, hacia arquitecturas que buscan articular defensa, inteligencia, seguridad pública, política exterior e intereses estratégicos del Estado. Lo importante no es copiar mecánicamente el nombre del cargo ni importar un modelo extranjero como si fuera una receta, sino comprender la función que esas instituciones cumplen: asegurar que alguien, o algún órgano, piense la seguridad del país en horizontes que exceden el mandato de un ministro.
El Perú, en cambio, ha optado sistemáticamente por lo contrario. Ha concentrado la conducción de la seguridad en ministerios sometidos a la presión de la coyuntura, sin dotar al sistema de una instancia permanente, técnica y políticamente respaldada que pueda ordenar prioridades, evaluar amenazas, integrar información y dar continuidad a las decisiones estratégicas. El Ministerio del Interior debe enfrentar la presión diaria de la criminalidad urbana, las emergencias policiales, la conflictividad social y la demanda ciudadana por resultados inmediatos. El Ministerio de Defensa, por su parte, administra capacidades militares, fronteras, equipamiento, doctrina, apoyo a la seguridad interna y relación civil-militar. La inteligencia requiere reserva, confianza, continuidad y dirección política clara. Pretender que todo ese conjunto funcione de manera coherente sin una instancia superior de articulación estratégica equivale a pedirle al Estado que actúe con visión de largo plazo mientras sus piezas principales se mueven al ritmo de la crisis semanal.
La solución no exige una reforma constitucional ni la creación de una burocracia costosa. Requiere, más bien, una decisión institucional precisa: crear un Consejero Presidencial de Seguridad e Inteligencia, o un Consejo Presidencial de Seguridad e Inteligencia, con mandato claro, bajo perfil mediático y alta capacidad técnica. Su función no sería reemplazar a los ministros ni asumir la conducción operativa de la policía, las fuerzas armadas o los organismos de inteligencia. Esa gestión debe permanecer donde corresponde. Su tarea sería pensar, diseñar, coordinar y evaluar estrategia; producir escenarios; ordenar información; identificar amenazas; proponer prioridades; medir resultados; y asegurar que las decisiones de seguridad no dependan exclusivamente de la urgencia política del momento.
Una instancia de este tipo permitiría construir una verdadera Estrategia Nacional de Seguridad e Inteligencia con horizonte plurianual, articular a Interior, Defensa, Relaciones Exteriores, Justicia, Economía, Migraciones, Aduanas, sistema penitenciario y organismos de inteligencia, y establecer una metodología permanente para evaluar riesgos sobre infraestructura crítica, fronteras, crimen organizado, economías ilícitas, penetración institucional, conflictividad social y amenazas híbridas. También permitiría evitar que cada gobierno reinvente diagnósticos que el Estado ya debería tener consolidados. En seguridad, la memoria institucional no es un lujo administrativo; es una condición mínima de eficacia.
El próximo gobierno tiene, en sus primeras semanas, una ventana breve para instalar este tipo de arquitectura antes de que la agenda diaria, como ha ocurrido tantas veces, se la coma. Todo gobierno llega con promesas, urgencias, presiones y una necesidad comprensible de mostrar resultados. Pero precisamente por eso resulta indispensable distinguir entre medidas visibles y decisiones estructurales. Más patrullaje, estados de emergencia o anuncios de mano dura pueden producir efectos políticos inmediatos, pero no reemplazan la necesidad de una conducción estratégica estable. Si el Perú quiere enfrentar con seriedad la delincuencia, la extorsión, el sicariato, las economías ilegales y las presiones geopolíticas que ya atraviesan la región, necesita algo más que reacción: necesita dirección.
La pregunta, entonces, no es si el Perú puede permitirse crear un espacio de pensamiento estratégico en seguridad e inteligencia. La pregunta es si puede seguir permitiéndose no tenerlo. Porque el vacío estratégico nunca permanece vacío por mucho tiempo. Si el Estado no lo llena, lo llenan otros: el crimen organizado, las redes ilícitas, la corrupción, los intereses externos sin contrapeso y la improvisación política. Y cuando eso ocurre, el costo no lo pagan los ministros que se van ni los gobiernos que terminan su mandato; lo paga el ciudadano que vive con miedo, el comerciante extorsionado, la familia amenazada, la comunidad abandonada y el país que pierde, lentamente, la capacidad de gobernar su propio destino.
La seguridad nacional no empieza con una operación ni con un anuncio. Empieza con una idea clara de Estado. Y hoy el Perú necesita recuperar esa capacidad elemental: pensar antes de reaccionar.
