Líbano acusa a 13 miembros de Hezbolá por un cargamento de explosivos mientras busca limitar la influencia de Irán
La justicia militar libanesa presentó cargos contra trece integrantes de Hezbolá por su presunta participación en el transporte de explosivos hacia Beirut. El caso profundiza las tensiones entre el Estado y la organización respaldada por Irán, en medio de los esfuerzos del Gobierno por recuperar el control de las armas y las decisiones de seguridad nacional.
La justicia militar de Líbano presentó cargos contra trece presuntos integrantes de Hezbolá en relación con un cargamento de explosivos interceptado a comienzos de octubre en una carretera que conecta el valle de la Becá con Beirut. La decisión judicial representa un nuevo episodio de confrontación entre las instituciones del Estado libanés y la organización armada, cuya autonomía militar se encuentra bajo creciente cuestionamiento.
El juez Claude Ghanem formuló acusaciones relacionadas con delitos contra la seguridad del Estado, incumplimiento de decisiones gubernamentales, pertenencia a organizaciones armadas no autorizadas y posesión ilegal de armas y explosivos.
Entre los acusados figuran Ali al-Kurdi y Haitham Amhaz, detenidos cuando las fuerzas de seguridad interceptaron el vehículo que transportaba el material. Ambos permanecen bajo custodia, mientras que los otros once imputados se encuentran en libertad y fueron acusados en ausencia.
Un cargamento interceptado en dirección a Beirut
El caso comenzó el 5 de octubre, cuando las autoridades detuvieron un vehículo en el puesto de control de Dahr al-Baidar, una vía estratégica que conecta la región oriental de la Becá con la capital libanesa.
De acuerdo con los antecedentes judiciales difundidos por medios locales y agencias internacionales, el transporte contenía aproximadamente 780 kilogramos de explosivos, entre ellos 250 kilogramos de TNT y otros 250 kilogramos de explosivo plástico C4.
La incautación provocó inquietud entre sectores políticos libaneses, particularmente ante la posibilidad de que el material pudiera utilizarse en operaciones dentro del territorio nacional. Algunas figuras públicas plantearon sospechas sobre eventuales atentados contra adversarios políticos, aunque esas acusaciones no constituyen una conclusión judicial y el destino final del cargamento continúa siendo materia de investigación.
Hezbolá reconoció posteriormente que los explosivos pertenecían a la organización, pero aseguró que estaban destinados a operaciones militares contra las fuerzas israelíes.
La agrupación también exigió la liberación de sus integrantes detenidos y la devolución del cargamento confiscado, solicitudes que las autoridades libanesas no han aceptado.
Hezbolá rechaza las acusaciones
La respuesta política de Hezbolá no tardó en manifestarse. El diputado Hussein Hajj Hassan, integrante de su bloque parlamentario, cuestionó la actuación judicial y sostuvo que las acusaciones eran injustas y contrarias a diversos principios jurídicos.
Según su posición, los involucrados cumplían funciones vinculadas a la defensa nacional frente a Israel y no desarrollaban actividades destinadas a perjudicar la seguridad del Estado.
La controversia refleja una disputa que trasciende el expediente judicial: la existencia de una estructura militar que opera al margen de las fuerzas armadas regulares y que reivindica su derecho a mantener capacidades propias bajo el argumento de la resistencia frente a Israel.
La situación ha adquirido especial relevancia desde que el Gobierno libanés prohibió las actividades militares de Hezbolá en marzo de 2026, decisión que la organización rechaza.
El Gobierno busca recuperar el control de la política exterior
La presentación de cargos coincide con una posición cada vez más explícita del Gobierno libanés respecto de la influencia de actores extranjeros en las decisiones de seguridad del país.
Durante su intervención en el Diálogo de Manama, celebrado en Baréin, el ministro de Relaciones Exteriores, Joe Rajji, defendió la necesidad de que Líbano ejerza plenamente su soberanía y establezca su política exterior sin subordinación a intereses regionales ajenos.
Rajji sostuvo que el territorio libanés no debe utilizarse para amenazar la seguridad de otros países árabes ni funcionar como plataforma militar al servicio de potencias extranjeras.
Sus declaraciones apuntan a uno de los principales problemas de la política libanesa contemporánea: la coexistencia entre las instituciones estatales y organizaciones armadas que mantienen vínculos estratégicos, políticos y financieros con otros gobiernos, especialmente con Irán.
La influencia iraní y el futuro de la seguridad libanesa
Hezbolá ha mantenido durante décadas una estrecha relación con Teherán, que ha sido uno de sus principales apoyos políticos y militares. Esa vinculación convirtió a la organización en un actor central dentro de la estrategia regional iraní y, al mismo tiempo, en un factor de tensión permanente en las relaciones de Líbano con Israel y otros países de Oriente Medio.
El proceso judicial contra los trece acusados se desarrolla en un contexto de presión internacional para que el Estado libanés concentre el control de las armas y de las operaciones militares dentro de su territorio.
Sin embargo, el desenlace del caso continúa abierto. La investigación deberá determinar las responsabilidades individuales de los imputados, el origen preciso de las órdenes de transporte y el destino previsto para el material incautado.
Más allá de las eventuales condenas, el procedimiento constituye una prueba para las instituciones libanesas y su capacidad de aplicar las decisiones gubernamentales sobre seguridad frente a organizaciones que conservan estructuras militares independientes.
Fuente principal: The Jerusalem Post, Danielle Greyman-Kennard, 1 de noviembre de 2026.
Información contrastada con: Associated Press, L’Orient Today y The National, 30 de octubre de 2026.
