Guatemala todavía está a tiempo: el verdadero costo de permitir que avance el crimen organizado

Las experiencias de Ecuador y Rosario, Argentina, muestran hasta qué punto puede deteriorarse la seguridad cuando las organizaciones criminales logran consolidarse. Guatemala tiene una ventaja que no debería desaprovechar: todavía puede prevenir una crisis cuyos costos humanos, económicos e institucionales serían considerablemente mayores.

Por Ricardo Ferrer
Director de FHOX

Artículo de análisis basado en mi participación en el Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (ENADE 2026), celebrado el 8 de octubre en Ciudad de Guatemala.

Hay una lección que América Latina ha aprendido de la manera más costosa posible: recuperar la seguridad cuando el crimen organizado ha logrado consolidarse exige esfuerzos mucho mayores que los necesarios para impedir su expansión. No se trata solamente de los recursos económicos que un Estado debe movilizar para enfrentar estructuras criminales cada vez más sofisticadas. También está el costo de las vidas perdidas, de las instituciones debilitadas, de las inversiones que dejan de realizarse y de una sociedad que termina modificando su manera de vivir por temor a la violencia. Lo preocupante es que, en muchos casos, las señales de advertencia estuvieron presentes durante años. El deterioro no ocurrió de manera repentina, pero las decisiones necesarias para contenerlo llegaron cuando las organizaciones criminales ya habían adquirido una capacidad de influencia considerable.

Esta reflexión estuvo en el centro de mi participación en ENADE 2026, en Guatemala, un encuentro que considero particularmente valioso porque reúne al sector empresarial, la sociedad civil y representantes del Estado alrededor de una discusión que no puede quedar limitada a las instituciones de seguridad. Cuando una sociedad comienza a reconocer que el crimen organizado amenaza su desarrollo, también debe comprender que su prevención exige acuerdos y compromisos que trasciendan los intereses sectoriales y las administraciones de turno. Desde una perspectiva regional, Guatemala se encuentra ante una oportunidad que otros países no supieron aprovechar a tiempo. No porque esté libre de amenazas, sino porque todavía dispone de condiciones para impedir que estas alcancen una dimensión mucho más difícil de controlar.

El precio de aprender demasiado tarde

Basta observar lo ocurrido en Ecuador para comprender la velocidad con la que puede transformarse la situación de seguridad de un país. En 2018, Ecuador registraba una tasa de aproximadamente 5,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más bajas de América Latina. En 2025, apenas siete años después, esa tasa había alcanzado los 50,9 homicidios por cada 100.000 habitantes. El incremento resulta extraordinario, pero lo verdaderamente importante es entender qué ocurrió durante ese período. Las organizaciones criminales no adquirieron su poder de un día para otro. Fueron ampliando sus actividades, consolidando alianzas, disputando territorios y aprovechando las debilidades institucionales mientras el país atravesaba un proceso de transformación de su propia dinámica criminal. Lo que inicialmente podía interpretarse como un problema localizado o transitorio terminó convirtiéndose en una crisis de seguridad de alcance nacional.

El caso ecuatoriano es especialmente ilustrativo porque demuestra cómo las amenazas evolucionan cuando no encuentran una respuesta suficientemente temprana y coordinada. La expansión del narcotráfico, la competencia entre organizaciones, el fortalecimiento de las estructuras criminales dentro y fuera del sistema penitenciario y la incorporación de pandillas locales a redes de mayor alcance generaron condiciones para una escalada de violencia de enorme magnitud. Cuando esas pandillas comienzan a operar como brazos armados de organizaciones transnacionales, sus capacidades cambian. Ya no hablamos exclusivamente de grupos dedicados a delitos locales, sino de estructuras que pueden acceder a recursos financieros, armamento y conexiones logísticas que multiplican su poder. La violencia deja de ser una consecuencia circunstancial de sus actividades y se convierte en un instrumento para controlar mercados, territorios y poblaciones.

Uno de los errores más frecuentes frente a este tipo de fenómenos consiste en pensar que existe tiempo suficiente para actuar más adelante. La experiencia regional demuestra lo contrario. Cada año de postergación puede permitir que las organizaciones criminales amplíen su capacidad operativa, profundicen sus vínculos y encuentren nuevas oportunidades para influir sobre las instituciones. Cuando finalmente se reconoce la gravedad del problema, las respuestas necesarias son mucho más complejas. Ya no basta con prevenir el establecimiento de una estructura criminal; es necesario desarticular una organización que dispone de recursos, relaciones y mecanismos de protección construidos durante años. Esa diferencia representa uno de los mayores costos de la inacción.

Rosario, en Argentina, permite observar la otra cara de este problema. Durante años, la ciudad experimentó una escalada de violencia vinculada a organizaciones del narcotráfico que llegó a generar una sensación de deterioro difícil de revertir. En 2023, el departamento de Rosario registró 262 homicidios, una cifra que reflejaba la profundidad de la crisis. Sin embargo, en 2024 ese número descendió a 91, lo que significó una reducción cercana al 65%. Se trató de un resultado importante, alcanzado en un contexto de intervenciones coordinadas entre diferentes instituciones estatales, acciones focalizadas y una estrategia orientada a recuperar capacidades de control. La participación y el acompañamiento del sector privado también formaron parte de un esfuerzo más amplio para enfrentar un problema que afectaba a toda la sociedad.

El resultado de Rosario demuestra que es posible modificar escenarios muy complejos cuando las instituciones deciden actuar conjuntamente, con objetivos claros y sin interrupciones. Pero sería un error interpretar esa experiencia únicamente como una historia de éxito. La pregunta que debemos hacernos es cuánto costó llegar a ese resultado y cuántos recursos podrían haberse ahorrado si las amenazas hubieran sido contenidas antes de alcanzar semejante magnitud. Recuperar el control exige desplegar capacidades extraordinarias, sostener operaciones prolongadas y reconstruir condiciones de seguridad que nunca debieron perderse. La prevención, en cambio, permite actuar cuando los problemas todavía pueden enfrentarse con instrumentos institucionales menos costosos y con menores consecuencias para la población.

No pretendo establecer una comparación exacta entre Ecuador, Argentina y Guatemala. Cada país tiene su historia, sus instituciones y sus particularidades. Pero sería un desperdicio no aprender de experiencias regionales que ofrecen advertencias tan claras. La seguridad no se deteriora necesariamente de forma lineal, y los indicadores más visibles, como los homicidios, no siempre permiten identificar a tiempo los procesos de consolidación criminal que se desarrollan por debajo de la superficie. Por eso resulta indispensable observar no solamente cuánto delito existe, sino también qué organizaciones lo producen, cómo se financian, qué territorios controlan y qué capacidad tienen para influir en las decisiones públicas.

Una oportunidad que Guatemala no debería desaprovechar

Guatemala tiene motivos para reconocer sus propias capacidades. Entre 2009 y 2020 logró reducir su tasa de homicidios desde aproximadamente 46 hasta 15 por cada 100.000 habitantes. Se trata de una disminución significativa que merece ser estudiada, no solamente por sus resultados, sino por las experiencias institucionales que pueden recuperarse de ese período. El país ya ha enfrentado niveles elevados de violencia y ha demostrado que es posible modificar esa trayectoria. Esta experiencia constituye una ventaja importante, siempre que se comprenda que los avances del pasado no garantizan por sí mismos la seguridad futura.

Mi preocupación es que Guatemala pueda desaprovechar el tiempo disponible mientras las amenazas criminales evolucionan. Existen al menos tres procesos que considero especialmente relevantes y sobre los cuales convendría concentrar los esfuerzos preventivos. El primero es evitar que su condición de territorio de tránsito para el narcotráfico se transforme progresivamente en una presencia más permanente de organizaciones dedicadas a producir, procesar y administrar economías ilícitas dentro del país. Guatemala ocupa una posición geográfica estratégica en las rutas del tráfico internacional de drogas, una realidad que no puede modificarse mediante decisiones políticas. Lo que sí puede modificarse es la capacidad del Estado para impedir que esa condición geográfica derive en estructuras criminales arraigadas territorialmente.

La aparición de cultivos ilícitos, laboratorios y redes de extorsión constituye una advertencia que exige atención. Una cosa es enfrentar organizaciones que utilizan temporalmente el territorio para trasladar mercancías ilegales, y otra muy distinta es permitir que desarrollen infraestructura, relaciones económicas y mecanismos permanentes de control sobre determinadas comunidades. En el segundo escenario, sus intereses se amplían y también lo hace su capacidad para resistir la intervención estatal. Estas actividades deben enfrentarse mediante inteligencia, investigación financiera y una acción judicial eficaz, antes de que su desarticulación requiera esfuerzos mucho mayores. Esperar hasta que una organización criminal haya consolidado su presencia territorial equivale a concederle tiempo para fortalecerse.

El segundo proceso que considero necesario prevenir es la transformación de las pandillas en estructuras armadas vinculadas a grandes organizaciones del narcotráfico. Este fenómeno ha tenido consecuencias particularmente graves en Ecuador y representa un riesgo para otros países de la región. Las pandillas poseen conocimiento del territorio, redes de reclutamiento y capacidad para ejercer violencia local. Cuando estas características se combinan con los recursos de organizaciones transnacionales, el resultado puede ser una estructura mucho más peligrosa que las organizaciones originales. Las disputas territoriales se intensifican, aumenta el poder de intimidación y las instituciones deben enfrentar organizaciones con capacidades superiores a las que estaban acostumbradas a combatir. Evitar esa evolución requiere actuar sobre los vínculos financieros, logísticos y operativos que permiten esa integración, prestando especial atención a la coordinación criminal desde los establecimientos penitenciarios.

El tercer riesgo está directamente relacionado con la integridad de las instituciones democráticas. Guatemala celebrará elecciones generales en 2027, y la posibilidad de que recursos provenientes de actividades ilícitas intenten influir en el sistema político merece una atención especial. El crimen organizado no necesita sustituir completamente al Estado para obtener ventajas. En ocasiones, resulta suficiente asegurar relaciones de protección, influir sobre determinadas autoridades o debilitar los mecanismos de investigación y control. El financiamiento político ilícito puede convertirse en una herramienta para proteger economías criminales durante períodos prolongados, comprometiendo la independencia de las instituciones y dificultando cualquier esfuerzo posterior por recuperar su funcionamiento.

Lo que no se proteja adecuadamente antes de las elecciones de 2027 puede generar consecuencias que Guatemala deba enfrentar durante muchos años. Esta advertencia no responde a una consideración partidaria, sino a una cuestión institucional. La fortaleza de una democracia también depende de su capacidad para impedir que organizaciones financiadas mediante actividades criminales condicionen las decisiones públicas. Los mecanismos de fiscalización del financiamiento político, la investigación patrimonial y la cooperación entre las instituciones responsables de proteger la legalidad democrática deben considerarse componentes esenciales de una política de seguridad integral.

Las decisiones que no pueden seguir esperando

Uno de los problemas que observo con frecuencia en América Latina es la distancia entre el diagnóstico de las amenazas y la capacidad para sostener respuestas concretas. Conocemos buena parte de los problemas, identificamos sus consecuencias y sabemos que la coordinación institucional resulta necesaria. Sin embargo, seguimos enfrentando dificultades para construir políticas que sobrevivan a los cambios de administración y produzcan resultados verificables a lo largo del tiempo. Las organizaciones criminales no están condicionadas por los períodos de gobierno. Sus redes financieras, sus relaciones territoriales y sus objetivos pueden desarrollarse durante décadas. Los Estados, en cambio, muchas veces modifican sus prioridades, reemplazan equipos técnicos y abandonan estrategias que todavía no han tenido tiempo suficiente para demostrar sus resultados.

Esta discontinuidad termina favoreciendo a quienes pueden actuar con una perspectiva de largo plazo. Una política de seguridad no puede depender exclusivamente de la voluntad de una autoridad o de la reacción frente a una crisis. Necesita instituciones capaces de sostener compromisos, compartir información y evaluar permanentemente la evolución de las amenazas. También requiere reconocer que los resultados más importantes no siempre son los más visibles. Impedir que una organización criminal se establezca en un territorio, evitar que una pandilla adquiera nuevas capacidades o detectar financiamiento ilícito antes de que penetre en las instituciones son éxitos preventivos que difícilmente reciben la misma atención pública que una gran operación policial, pero pueden resultar mucho más relevantes para la seguridad futura.

Por eso considero necesario avanzar hacia medidas concretas que puedan implementarse y evaluarse sin esperar a que aparezca una nueva emergencia. Guatemala podría desarrollar tableros mensuales de riesgo por municipio, capaces de reunir información sobre las principales amenazas criminales e identificar cambios que requieran intervención temprana. También sería valioso establecer mesas conjuntas de análisis entre las instituciones responsables de la seguridad, la investigación y la justicia, de manera que las decisiones respondan a una comprensión compartida del problema. A ello debe sumarse un seguimiento sostenido de las organizaciones criminales prioritarias, orientado no solamente a responder a sus manifestaciones violentas, sino también a debilitar sus mecanismos de financiamiento, reclutamiento y expansión territorial.

Ninguna de estas herramientas constituye por sí sola una solución definitiva. Su importancia está en permitir que las instituciones actúen con mayor anticipación, continuidad y conocimiento. Del mismo modo, la colaboración del sector empresarial y la sociedad civil debe traducirse en compromisos que complementen las responsabilidades del Estado. La iniciativa de impulsar espacios como ENADE tiene precisamente ese valor: reconocer que la seguridad es una condición indispensable para la prosperidad y que sus desafíos necesitan la participación de actores que, desde ámbitos distintos, comparten las consecuencias de su deterioro. La inversión, el empleo y la actividad productiva requieren previsibilidad, pero también la requieren las familias que necesitan vivir y trabajar sin estar sometidas a la extorsión, la intimidación o la violencia.

La cuestión de fondo es construir una política de seguridad con objetivos públicos, metas verificables y continuidad institucional. Los gobiernos deben poder introducir correcciones, modificar herramientas y responder a nuevas amenazas, pero sin perder las capacidades acumuladas ni comenzar desde cero después de cada elección. Si el crimen organizado desarrolla estrategias de largo plazo, las instituciones democráticas necesitan demostrar que también pueden hacerlo, con la diferencia fundamental de que sus decisiones deben estar sujetas a la ley, la transparencia y los mecanismos de control propios de un Estado de derecho.

El compromiso del sector privado como motor de una política de seguridad sostenida

Sería injusto abordar los desafíos de seguridad de Guatemala sin reconocer el trabajo que, desde hace años, viene desarrollando el sector privado para contribuir al fortalecimiento de las instituciones y a la construcción de políticas públicas. La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), a través de iniciativas como la Coalición por la Seguridad Ciudadana, ha demostrado que la participación empresarial puede trascender la preocupación legítima por las consecuencias económicas de la criminalidad y convertirse en un impulso concreto para generar propuestas, promover acuerdos y acompañar procesos de transformación institucional. Desde su creación en 2014, la Coalición ha contribuido a mantener una agenda de seguridad que incluye la prevención de las extorsiones, el fortalecimiento de la Policía Nacional Civil y la modernización del sistema penitenciario. Su importancia no reside únicamente en las iniciativas que promueve, sino también en su capacidad para sostener esta discusión a lo largo del tiempo, incluso cuando las prioridades políticas cambian y la atención pública se desplaza hacia otras urgencias.

En este esfuerzo merece una consideración especial el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), un centro de pensamiento cuya trayectoria de varias décadas en el análisis de las políticas públicas constituye un aporte significativo al debate nacional. Su labor especializada en seguridad y justicia, desarrollada durante años mediante investigaciones, seguimiento de indicadores y propuestas de reforma, ha permitido incorporar evidencia técnica a discusiones que con demasiada frecuencia quedan dominadas por respuestas coyunturales. Como brazo técnico de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, el CIEN representa precisamente el tipo de capacidad que considero indispensable para enfrentar el crimen organizado: conocimiento acumulado, continuidad institucional y herramientas que permitan transformar los diagnósticos en decisiones verificables. La articulación entre FUNDESA, la Coalición y centros de pensamiento especializados demuestra que la sociedad civil organizada puede desempeñar un papel relevante en la formulación y el seguimiento de una política de seguridad que trascienda a los gobiernos.

El impulso expresado durante ENADE 2026 adquiere, por tanto, un significado que va más allá de la celebración de un encuentro empresarial. Representa la posibilidad de transformar años de trabajo, investigación y colaboración en compromisos institucionales capaces de producir resultados sostenibles. La firma de acuerdos de cooperación entre las autoridades de seguridad y justicia y representantes del sector privado constituye un paso importante, siempre que se traduzca en responsabilidades compartidas, metas medibles y mecanismos efectivos de seguimiento. Guatemala cuenta con una base de conocimiento y participación que otros países desearían haber fortalecido antes de enfrentar crisis de mayor gravedad. Aprovecharla requiere comprender que el sector privado no reemplaza las responsabilidades del Estado, pero sí puede convertirse en un aliado decisivo para impulsar su cumplimiento, promover la continuidad de las políticas públicas y evitar que cada nueva administración tenga que comenzar nuevamente desde cero.

A paso seguro, pero a tiempo

Cuando observo lo sucedido en Ecuador y los esfuerzos realizados en Rosario, encuentro una conclusión que considero especialmente importante para Guatemala. La diferencia entre prevenir una crisis y tener que administrarla no es solamente una cuestión presupuestaria. Es una diferencia que puede medirse en vidas humanas, oportunidades económicas, confianza institucional y libertades. Ecuador nos recuerda que los niveles de violencia pueden deteriorarse con una rapidez que pocos habrían imaginado años antes. Rosario demuestra que es posible obtener resultados significativos cuando existe decisión y coordinación, pero también que recuperar la seguridad demanda esfuerzos que habrían sido mucho menores si se hubiera actuado previamente.

Guatemala no necesita reproducir ninguna de esas experiencias para extraer sus enseñanzas. Tiene la oportunidad de observarlas, comprender los procesos que las explican y adoptar decisiones mientras conserva un margen de prevención. Esa es, probablemente, su principal ventaja en este momento. El país cuenta con antecedentes de reducción de la violencia, instituciones que pueden fortalecer sus capacidades y una sociedad civil que ha demostrado disposición para participar en la discusión sobre su futuro. Lo que necesita es transformar esas condiciones en una estrategia que pueda mantenerse más allá de las circunstancias políticas inmediatas.

En ENADE 2026 se planteó la importancia de avanzar hacia la prosperidad mediante una seguridad integral. Comparto plenamente ese objetivo, pero considero indispensable añadir una dimensión que no siempre recibe suficiente atención: el tiempo. Las decisiones correctas pierden parte de su eficacia cuando se adoptan demasiado tarde. Una amenaza que hoy puede contenerse mediante inteligencia, coordinación y justicia puede convertirse mañana en un desafío que demande recursos extraordinarios y años de esfuerzo institucional.

Por eso, el desafío no consiste simplemente en avanzar, sino en hacerlo antes de que las oportunidades de prevención comiencen a desaparecer. La fortaleza de una política de seguridad no debería medirse únicamente por su capacidad para enfrentar organizaciones criminales que ya se han consolidado, sino también por su eficacia para impedir que alcancen ese nivel de poder.

Guatemala todavía está a tiempo. Y precisamente por eso, debe actuar ahora.

Ricardo Ferrer
Director de FHOX