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Aprobación de Kast sube al 41% y el Plan Cancerbero alcanza amplio respaldo ciudadano

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La segunda encuesta Plaza Pública Cadem de agosto muestra una mejora en la evaluación del mandatario chileno y un fuerte apoyo a las medidas destinadas a reforzar el control sobre los internos de alta peligrosidad. Un 93% respalda su traslado a módulos de máxima seguridad.

La aprobación del presidente de Chile, José Antonio Kast, alcanzó el 41%, mientras que un 53% desaprueba la forma en que conduce su Gobierno, según la encuesta Plaza Pública Cadem N.º 681, correspondiente a la segunda semana de agosto de 2026.

Los resultados reflejan una recuperación en la evaluación presidencial y coinciden con un incremento del respaldo ciudadano a la agenda de seguridad impulsada por el Ejecutivo. El porcentaje de personas que declara estar de acuerdo con esta agenda aumentó del 48% al 52% entre el 7 y el 14 de agosto.

Uno de los principales factores detrás de esta tendencia es el denominado Plan Cancerbero, iniciativa gubernamental orientada a endurecer el régimen penitenciario aplicado a líderes de organizaciones criminales y reclusos considerados de alta peligrosidad.

De acuerdo con el estudio, un 70% de los encuestados afirmó conocer o haber escuchado hablar de esta iniciativa. Asimismo, el 93% se manifestó a favor de trasladar a los internos más peligrosos a módulos de máxima seguridad, separados del resto de la población penitenciaria.

El mismo nivel de respaldo, un 93%, obtuvo la propuesta de establecer un régimen especial para líderes criminales y presos de alta peligrosidad, con mayores restricciones que las aplicadas al resto de los internos.

Otras disposiciones también recibieron un apoyo mayoritario. Un 90% respalda la implementación de controles especiales durante los desplazamientos de estos reclusos dentro de las cárceles, mientras que un 89% aprueba el monitoreo de sus comunicaciones, exceptuando aquellas sostenidas con sus abogados.

Por su parte, un 88% está de acuerdo con limitar las encomiendas que pueden recibir y un 84% apoya restringir las visitas, estableciendo condiciones especiales y evitando el contacto físico. El uso de un uniforme distintivo alcanza un respaldo del 81%.

Las medidas más severas también obtienen mayorías significativas: un 76% aprueba eliminar las visitas conyugales o íntimas para los internos sometidos a este régimen especial, mientras que un 75% está de acuerdo con limitar a poco más de dos horas diarias el tiempo que pueden permanecer fuera de sus celdas.

Entre quienes conocen el Plan Cancerbero, el 62% considera que representa un cambio real en materia penitenciaria y que tendrá efectos concretos sobre la seguridad. En contraste, un 35% lo califica como una estrategia comunicacional que no producirá resultados sustantivos.

La percepción general sobre la estrategia gubernamental es más dividida. Un 27% estima que existe un cambio “muy claro” en la forma de enfrentar la delincuencia respecto de administraciones anteriores, mientras que otro 33% reconoce un cambio, aunque todavía insuficiente. En conjunto, un 60% identifica algún grado de transformación en la política de seguridad. Un 38%, en cambio, sostiene que no existe una modificación significativa.

Amplio respaldo a la salida de Natalia Duco

La encuesta también abordó la renuncia de la exministra del Deporte Natalia Duco y del subsecretario Andrés Otero. Un 78% de los consultados señaló estar informado sobre la decisión del Gobierno y, entre quienes conocían el caso, un 90% se manifestó de acuerdo con la salida de la exsecretaria de Estado.

El episodio abrió además un debate sobre el uso de vehículos fiscales para actividades personales. La mayoría de los ciudadanos rechaza que las autoridades empleen estos recursos para fines particulares.

Un 83% considera inadecuado utilizar un automóvil fiscal para realizar trámites personales, como acudir al banco o al médico, y un 85% rechaza su utilización para llevar o buscar hijos al colegio. El rechazo alcanza el 91% frente a actividades sociales, celebraciones familiares, deportes o recreación, y llega al 92% cuando se consulta por compras personales, salidas a restaurantes o traslados hacia una vivienda de vacaciones.

En este contexto, el 58% discrepa de la afirmación de que impedir a un ministro utilizar un vehículo fiscal para asuntos personales constituye una exageración. Un 37%, en cambio, está de acuerdo con esa apreciación.

Ficha técnica

La medición fue realizada por Cadem mediante encuestas online aplicadas el viernes 14 de agosto de 2026. Participaron 1.004 hombres y mujeres mayores de 18 años, residentes en 167 comunas de las 16 regiones de Chile.

La muestra fue construida mediante un sistema no probabilístico con cuotas por edad, zona y nivel socioeconómico. Los datos fueron ponderados según género, edad, ubicación geográfica, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.


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